Y el cuarto año descansó

Por Nacho Fittipaldi

“Con la muerte de Nisman estamos enterrando parte de la república”. Patricia Bullrich

Como pocas veces en los últimos años, la coyuntura política golpea al oficialismo de una manera infrecuente. Hasta la denuncia de Nisman, o mejor dicho, la denuncia de Nisman incluida, la batería de estrategias desarrolladas para horadar al gobierno nacional, y en especial la figura de CFK, se repetía con la sistematicidad de las reuniones de tupperware. La muerte de Nisman es un punto de ruptura en ese vertiginoso rumbo de taladrar la gobernabilidad.  

Esa estrategia se ha desarrollado en dos direcciones con un mismo objetivo. Por un lado se instaló la idea de que el gobierno no lograría culminar su último año de gobierno, el cuarto de este segundo mandato. Los motivos de ello eran la inflación, la escasez de dólares, la fallida negociación con el juez Griesa, la falta de inversión extranjera, el descontento de los asalariados producto de la devaluación de enero de 2014, el aumento del desempleo que provocaría la agudización de la crisis local (siempre negando más que asumiendo las consecuencias de la crisis mundial en el ámbito local) Solo en ese caso tendría sentido la idea (falsa) del aislamiento internacional que pregonan los aulladores de las corporaciones devenidos en dirigentes políticos. Por el otro, a esa búsqueda desenfrenada por  vaticinar, proclamar y operativizar la salida anticipada de CFK, se sumó otra estrategia y/o deseo que se hizo evidente en los últimos meses de 2014 y que ha asumido un voluminoso cuerpo y tono luego de la compleja, curiosa e inoportuna muerte del fiscal preferido del establishment, Alberto Nisman. Ni Gastón Leroux logro articular tantos aditamentos en su novela El misterio del cuarto amarillo. Esta nueva fase consiste en presentar la irreductible deslegitimidad del gobierno de CFK. La lógica del discurso mediático articulado en praxis política por los dirigentes de la oposición, consiste en intentar mitigar el margen de acción del gobierno debido a su deslegitimidad. Esa idea se construye con un argumento ya viejo. Todo lo que pasa por el Congreso de la Nación carece de legitimidad porque es aprobado con la sola mayoría de los votos del oficialismo. Ese argumento incurre en varias trampas. En un sentido olvida que para ser mayoría (o primera minoría) hay que ganar elecciones, y que las representaciones políticas parlamentarias encuentran en el Congreso de la Nación una expresión cuantitativa del voto popular. Por lo tanto, si un partido político es más votado que otro, éste tendrá mayor fuerza política que aquél que ha obtenido menos. Es decir, si nos sometemos al voto popular, hay que asumir las consecuencias. Esto es, ante la imposibilidad de congeniar sobre proyectos legislativos, prima la intención de una mayoría parlamentaria en su correlato de una mayoría de votos expresados por el pueblo. La idea de la oposición arrojada como insulto, “sacan leyes porque tienen los votos”, es un capital político del oficialismo, no su déficit. Prima el interés de las mayorías. Pero incluso así, han recurrido (o incurrido) sistemáticamente al poder judicial para anular, invalidar y obstaculizar las leyes sancionadas en el parlamento, es decir, aun cuando ello también representa un cimiento de la democracia, la sistematicidad habla de una impotencia de la oposición cuando no el respeto por esa legitimidad devenida en mayoría parlamentaria. 

Ese poder judicial, esa extensión de la oposición sobre la que la dirigencia política se ha recostado para obturar el curso de las políticas escogidas por este gobierno, es el que una vez mas es convertido en la bandera de una republica que se hunde, que se ha enterrado con Nisman, según la opinión de la versátil Patricia Bullrich. Es el último bastión de la republica que puede preservar a la sociedad del kirchnerismo. 

Pero algo falló. Si algo arroja el caso Nisman son los retazos, los jirones y los parches de eso que los aulladores llaman Justicia. Han golpeado la puerta de un poder que quedó al desnudo. Todo lo que circuló entre periodistas opositores, periodistas autodefinidos como independientes, diputadas de la nación, fiscales, jueces y servicios de inteligencia deja al desnudo el estado actual del poder judicial y su estrechez con el ámbito político. Es como si Nisman tuviera que ser independiente del Poder Ejecutivo pero amigo de la embajada de EE.UU. Equidistante con CFK pero amigote de Laurita Alonso. De trato profesional con Verbitsky pero chatear por WhatsApp con Nicolás “lanatito” Wiñasky. ¿Luego del caso Nisman es posible seguir hablando del poder judicial como un poder independiente? Coimas, tráfico de influencias, agencias de inteligencia que tercerizan servicios en empresas de sus propios agentes, o de agencias extranjeras, extorsiones en base a la información obtenida por esas empresas tercerizadas, autos de empresas privadas alquilados a nombre de funcionarios judiciales, alquileres de departamentos equivalentes a la mitad de un sueldo promedio de un fiscal federal, cajas fuertes con millones de pesos y cientos de miles de dólares en efectivo, niveles de vida inexplicables, funcionarios judiciales armados, los miembros del poder judicial relacionados al caso, todos, veraneando en el exterior, ricos todos. Qué suerte. Qué ganas de ser parte de eso que no por nada llaman “la familia judicial”.

Finalmente, y esto es lo que quería señalar, asistimos por estos días a un nuevo argumento de deslegitimación gubernamental, la última fase. El motivo central de la deslegitimación es estar transcurriendo el último año de mandato de CFK. Las corporaciones y sus aulladores han decretado que la legitimidad de este gobierno concluyó en 2014; el último mandato de gobierno dura tres años. Por lo tanto CFK esta inhabilitada para proponer nombrar un nuevo miembro de la corte en remplazo de Zafaroni. Está impedida de enviar un proyecto de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia, como no lo hizo en los siete años previos no puede hacerlo en el último año de gobierno.  Pero básicamente está impedida de tomar decisiones que afecten el curso y la vida del Estado, no puede hacerlo porque en el cuarto año de gobierno no se gobierna. Esa idea lleva implícita la novedosa mirada que indica que el cuarto año de gobierno vale menos que el primero y el segundo. Es como si se pudieran tomar decisiones de fondo en el primer y segundo año, el tercero sería característico por un amesetamiento en las propuestas del ejecutivo y en el cuarto año hacer la plancha. ¿Acaso no es contradictorio sostener que la corte debe ser un cuerpo independiente del poder político pero anular la proposición de Carlés hasta tanto el nuevo gobierno elija a un candidato de su propio gusto? Digresión: ¿Bajo qué criterio la edad de Carlés es insuficiente para ingresar a la corte y la longevidad de Fayt no es suficiente para su retiro? En nombre de la independencia de poderes que proclaman, ¿no sería un gran gesto aprobar el pliego de Carlés, o cualquiera que sea idóneo, dando curso a lo que constitucionalmente está habilitado este gobierno hasta el 10 de diciembre? ¿Qué sentido tiene transcurrir el cuarto año de mandato si no se puede tomar la iniciativa necesaria para modificar cierto estado de cosas? ¿Qué sentido tendría si no fuera aprovechar ese año para desgastar la gobernabilidad, limarla y condicionar la capacidad electora del CFK sobre el electorado de la República Argentina?