Por Nacho Fittipaldi
El 6 de diciembre la Cámara Civil y Comercial Federal N 1prorrogó
la medida cautelar que suspendía la aplicación del artículo 45 y 161 de la llamada
ley de medios hasta que el juez a cargo se pronunciara sobre la cuestión de
fondo; además, rechazaba la recusación de los camaristas impulsada por el
Gobierno Nacional. Así, el 7D debía quedar como un enorme festejo suspendido
por un aguacero. Es curioso que ningún estratega del gobierno haya evaluado
correctamente esta última posibilidad, al menos solo como eso, como una
posibilidad entre otras, ya que desde hacía cuatro meses se venía instalando
esa suerte de Big Bang que llegaría un viernes 7, cuyo mes se nomenclaria D.
Que la cámara sacara ese fallo un día antes del 7D, daba la impresión que eso
era más una mojada de oreja que el tiempo real que les llevó considerar la
situación judicial.
La respuesta del
gobierno nacional no se hizo esperar y fue de la contundencia con la que
Cristina suele pronunciarse acerca de las causas que asume como nodales. Cristina
le reclamó al poder judicial actuar "con decoro e independencia de los
poderes económicos" y agregó que "Cuando no les alcanzan los fierros
mediáticos, recurren a los fierros judiciales."
En el aire sobrevolaba
la idea de una reforma judicial, sobre el posible y/o viable juicio político a
los camaristas.
El 12 de diciembre, la
Cámara Penal de Tucumán, absolvió a los 13 imputados por el secuestro,
desaparición y la presunta conformación de una red de trata de personas de la
que Marita Verón, habría sido su víctima.
El fallo fue revulsivo.
La sospecha de que la
policía tucumana, miembros del poder judicial tucumano y dirigentes de la
política provincial estaban en convivencia y encubriendo abiertamente a los
culpables, era una certeza para muchos, bastante más fuerte que una corazonada.
Pero como las corazonadas no alcanzan para condenar y los jueces tucumanos son
familieros, los imputados quedaron todos libres. Además tardaron una semana en
dar los fundamentos con lo cual dieron lugar a todas las elucubraciones
posibles. Maltrataron a las víctimas de la redes de trata que Susana Trimarco
había logrado liberar (lo que la justica tucumana no) y que accedieron a dar
testimonio poniendo en riesgo su vida. Trataron como culpables a las víctimas y
dejaron en libertad a los imputados que estuvieron 10 años procesados antes de
llegar al juicio oral que se supone, debería entre otras cosas acelerar los
tiempos parsimoniosos de la justicia. Parece que además de ciega es lerdona.
Nuevamente el pronunciamiento
de Cristina no se hizo esperar. La presidenta afirmó que "la sociedad
reclama una democratización del poder judicial", y sentenció que
"cuando hay dinero de por medio no les importa nada". El repudio de
algunos sectores de la sociedad por el fallo, se hizo sentir en las calles
produciendo varias manifestaciones y algunos destrozos callejeros; en especial
sobre la Casa de la provincia de Tucumán en Bs.As. Cristina llamo a sesiones
extraordinarias en la cámara de diputados de la nación y así salió el proyecto que
aumentaba las penas y convertía en no excarcelable a este tipo de delitos. Una
semana después el apoyo de los diputados fue masivo, solo la diputada Marcela
Rodríguez decidió abstenerse en la votación, y el proyecto se convertía en ley.
Curiosamente, el 14 de
diciembre, el juez Alonso se pronunció sobre la cuestión de fondo en la ley de
medios. En su fallo quedaba muy claro que el artículo 45 y 161 eran
constitucionales; comenzaba así un mínimo debate acerca de cuestiones menos
claras para los legos, acerca de si necesariamente la constitucionalidad de la
ley implicaba el fin inmediato de la cautelar presentada por el Grupon Clarín.
El gobierno nacional y
todos nosotros vimos esto como una pequeña gran victoria. Para entonces, el
cuestionamiento sobre la justicia era menos audible. El Grupon Clarín había
apelado el fallo de primera instancia y el juez Alfonso había hecho lugar a ese
recurso. La cautelar sigue vigente.
El miércoles 19 de
diciembre, o sea, el mismo día que se sanciono la ley de trata en la cámara de
diputados de la nación, el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, condeno a Nilda Civale de Álvarez,
de 80 años, al comprobarse durante el juicio oral que se apropió y vendió a
tres bebés, cuando ejercía su profesión entre 1966 y 1978 en la zona oeste del
conurbano bonaerense como jefa de obstétricas en el Hospital de González Catán.
En su conmovedor alegato final, el fiscal señalo que estos delitos no
prescriben hasta que cada uno de los damnificados encuentre su verdadera
identidad y solicitó al tribunal que entienda así en esta causa. A
continuación, el tribunal sentenció que "como
ha venido sucediendo en otros casos, el tribunal considera que los delitos no
estaban prescriptos, ya que son de ejecución continuada: hasta el día de hoy
estas tres personas no conocen su verdadera identidad".
El jueves 20 de
diciembre el Tribunal Federal Oral N 1 de La Plata, condeno por primera vez a
un funcionario civil de la dictadura cívico-militar, Jaime Smart. Los jueces
Rozanski, Portela y Falcone condenaron a Smart a prisión perpetua por el
homicidio de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado en el marco
del entramado que derivo en la compra de Papel Prensa por parte de Clarín, La
Nación y La Razón, y por 57 privaciones ilegítimas de la libertad. Los jueces
también impulsaron una investigación por los otros 32 homicidios probados
durante el juicio y ordenaron la detención inmediata y reclamada desde hace
años del entonces fiscal de estado bonaerense Alberto Rodríguez Varela, que
luego fue ministro de Justicia, porque los testimonios probaron que entrevistó
a los Graiver en el centro clandestino de detención Puesto Vasco. El tribunal
también definió en el fallo como "maniobras" destinadas a "presionar"
sobre el fallo al tratamiento que el diario La Nación le dedico al caso.
Además, de los 23
acusados, 16 fueron condenados a perpetua y llevados a cárceles comunes. Con
Smart también fue condenado el hijo de re-mil puta de Etchecolatz.
Todo esto paso en 15
días.
Como queda evidenciado, el Poder Judicial no es igual en primera
instancia, que en instancia de cámara, ni estos, iguales a la Corte Suprema.
Como la política o la arquitectura, la Justicia, no es un universo homogéneo.
Las instituciones
policiales y el Poder Judicial (entre muchas otras) deben ser reformadas. Su
funcionalidad actual está lejos de ser cercana a las necesidades del pueblo, en
sus origenes no fueron pensadas para dar respuesta a ese sector social, pero se hace evidente que sin replanteos serios y profundos, son los sectores con menos recursos los que mas sufren la represión policial y las injusticas de la justica. Lo que
no puede suceder es que esperemos pésimos resultados de las instituciones que
queremos reformar para salir a dar debate sobre ello.
¿Qué cuestionamientos
se hubieran escuchado si el juez Alfonso no daba lugar a la nueva apelación de
Clarín? ¿Cuáles si en el caso Margarita Verón hubiera habido condenados? ¿El
Poder Judicial sería muy distinto al que conocemos hoy? ¿Entonces sería innecesario
hacer un replanteo sobre la natualeza, desenvolvimiento y comportamiento
fáctico del Poder Judicial?
¿Acaso no siguen repletas de procesados sin condena firme las cárceles
de la Argentina?
No hay comentarios:
Publicar un comentario