El motin

Por Nacho Fittipaldi

La situación que tiene a la Gendarmería Nacional (GN) y a la Prefectura Nacional Argentina (PNA) como protagonistas a raíz del levantamiento que están llevando a cabo es de suma gravedad. La misma está siendo relativizada, en un acto que naturaliza el clima desestabilizador que desde lock out patronal de 2008 a la actualidad, no ha cesado.

El motín es grave porque debe leerse en un contexto latinoamericano en el que pueden identificarse otros intentos (y logros) de este tipo: el golpe de estado en Honduras (2009); el levantamiento policial en Bolivia (2012); el levantamiento policial en Ecuador (2012) y el reciente golpe institucional en el Paraguay. En todos ellos el rasgo distintivo es la utilización de las fuerzas de seguridad para modificar el rumbo político de los gobiernos de esos países que curiosamente están, o estaban, en sintonía con el de la Argentina. No se puede relativizar el motín de la GN y la PNA porque su presencia en la calle tiene una potencia simbólica que para la Argentina es deleznable, ese solo efecto ya es desequilibrante, sea el motivo que fuere.

Es grave porque el motín, aunque sea por descuentos salariales, no lo realiza un sindicato portuario o de la industriadel plástico, pese a que este sea el planteamiento mediático local, intentando esconder lo que la misma protesta confirma al no reconocer que el problema por el que se amotinaron está resuelto: los descuentos salariales mal aplicados. Intentar fijarle al ejecutivo nacional el piso mínimo de salarios, ilustra a las claras la confusión de estos muchachos o sus múltiples intenciones aglutinadas en este motín. La dimensión del conflicto obligará a buscar nuevos canales de negociación salarial para las fuerzas federales de seguridad y tal vez para el ejército. Sin embargo, no debe ser tomada en cuenta la posibilidad de crear sindicatos para ellas. Las razones fundamentales son dos: por un lado, está la cuestión relacionada a la inconclusa (extremadamente inconclusa para mi gusto) depuración natural de esas fuerzas de seguridad. Es decir, la no aceptación total de que son una estructura vertical que debe aceptar la totalidad de las condiciones que la democracia les impone, mediante el voto popular, y a través de sus gobernantes; por otro lado, está la cuestión generacional asociada a la indisciplina en los rangos más bajos de  la estructura piramidal de las fuerzas que desde 2003 se han venido incorporando masivamente a las agencias de seguridad para dar respuesta a la demanda de más seguridad y más efectivos en las calles. Recuerdo que este problema, el reconocimiento difuso de la autoridad interna, fue manifiesto en nuestro estadio en la Policía Bonaerense durante la gestión de Arslanian. Por lo demás es un problema que atraviesa no solo a las fuerzas de seguridad, más bien es un fenómeno complejo que afecta a la sociedad toda. Los docentes de todo el país pueden dar fe de esa representación distorcionada. Sindicalizar una estructura que debe obedecer sin miramientos al poder político es, en el esquema actual, un contrasentido, no un derecho. En esta dirección entiendo que las sanciones deben ser fuertísimas y deben servir como un escarmiento de dimensiones tales que a ningún miembro de la GN y la PNA le queden dudas de qué sucede cuando se rompe la cadena de mando, o cuando se obedece a lo que dice la cúpula (suerte de obediencia debida democrática) y ello va a contrapelo de lo que dice la dirección política de la fuerza y en contra de lo que fija la constitución.

Es grave porque se inscribe en un contexto más amplio de operaciones desestabilizadoras: los “espontáneos” cacerolazos, el curioso secuestro de Severo, y el conflicto en el consejo de la magistratura en relación al 7D y ahora el pseudo-motín salarial de los gendarmes y prefectos. Para que el motín haya sucedido hubo que haber tres cosas: por un lado, errores políticos en el ejecutivo nacional de diversos alcances; además la decisión política de la cúpula de la GN y la PNA para liquidar los sueldo de manera antagónica a lo que fijaba el decreto; por otro, el deseo y la convicción de que esto prendería en las bases y que sumaría a una estrategia más amplia  y de mediano plazo que es terminar con este gobierno o al menos modificar su rumbo. Esta articulación que en su articulación no buscaban un efectivo golpe de estado, no van por eso, lo que buscan es desestabilizar, esmerilar la legitimidad de este gobierno y como consecuencia de un clima político muy adverso lograr la salida anticipada de Cristina. Otra vez Paraguay es un ejemplo claro y reciente de esto, nada más que en Argentina la correlación de fuerzas en el parlamento no da ni para eso.

La creación de un clima de desestabilización es hijo de una ausencia de oposición pavorosa y que se da en un terreno yermo. Esto que viene siendo lo coyuntural desde hace varios años, me parece que empieza a cambiar de dimensiones e implicancias.  El problema central de Cristina es que no hay oposición. Y eso pasa a ser el principal problema de gobernabilidad. Abre múltiples ventanas de conflictividad sin que pueda confrontarse cara a cara con el conflicto, evaluarse y predecirse hacia dónde y cómo terminan esas problemáticas, esas búsquedas denodadas por limarla, ya que no siempre la tropa propia está a la altura de las circunstancias, termina siendo siempre ella el origen y el fin, la imagen de oficialismo y oposición, el centro, el árbol y el bosque, el todo de la política nacional.