Con derecho a la ilusión


Por Ignacio Fittipaldi
Tinelli tenía razón.
Susana también y Sandro cuando vivía.
Y la inefable Mirtha, ni te cuento.
Georgina Barbarrosa no.
El tema pareciera ser qué tan inseguros se sienten unos y otros y cuanto tienen por perder éstos y aquellos, de allí el pavor que padecen y el que colaboran a insuflar. Del otro lado la dirigencia política, opaca como pocas veces, no atina ni a responder en la línea de la problemática, parece no tener con qué, escatiman cifras oficiales y en boca de Aníbal Fernández todo número, por mas sensato que sea, pareciera falaz. Luis D´Elía probablemente sea el peor emisario y enfrentarse a las estrellas populares en el tono que propuso, es una actitud tan sonsa que hasta mi sobrinita de nueve años alcanza a comprenderlo.
La farándula se siente muy insegura, convocan a la unión nacional, interpelan al sistema político y aconsejan de no enfrentarnos entre argentinos ¿Qué quieren decir? Hay otros ciudadanos menos acomodados que los farándulos que no tiene custodia personal, otros que viajan en tren, otros que hasta su propio patrón los afana mes a mes, muchos que viven en barrios donde la policía no entra nunca –por suerte- y todos ellos padecen –o podrían sufrir- fenómenos delictivos. Son todos los ciudadanos de a pie que, a través de los medios masivos de comunicación, se ponen al corriente de que la Argentina ya es Colombia. Según la lógica desnudada recientemente, los farándulos interpretan ese sentimiento popular, tan fielmente que así lo enuncian en los espacios radiales, televisivos o gráficos de los que pueden gozar y utilizan para hacerse oír. Entonces lanzan como un eructo social compulsivo, catarquico, frases tales como: la gente lo único que quiere es vivir en Paz, o mejor aún y mucho mas precisa frase nos están matando a todos; y ya en tono de policial negro la frase mas temida de todas pronunciada oportunamente por Georgina Barbarrosa, esto ya es Colombia
Y esto aunque no lo diga Aníbal, es una falacia. Georgina, gorda, no tenés razón, tu dolor por el asesinato de tu marido es intocable pero no te habilita a decir cualquier cosa como el dolor de Blumberg no lo habilitaba a reclamar la reforma del Código Penal argentino o lo que en el derecho penal se denomina retribucionismo puro, es decir, reclamar un castigo algo que esté en relación directa al daño o la agresión padecida. La Argentina no es Colombia ni lo será. Un datito: la tasa de homicidios en Colombia arroja la friolera de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Argentina esa tasa es, según la OEA, de 7 por cada 100.000. ¿Hay diferencia, no?
Los casos que en el 2009 han castigado los sentidos de algunos sectores de la sociedad argentina, son reales, no son una sensación, pero el temor a la perdida, material o humana, no debieran esmerilar nuestra capacidad para razonar y reflexionar a conciencia limpia acerca de las naturaleza de los fenómenos que nos interpelan. Construir políticas de seguridad pública desde el miedo social construido desde su relato mediático pareciera ser una receta que conduce a un único lugar: el caos institucional y el pánico social.

Las cosas en su lugar
En la región Metropolitana, los niveles y la envergadura de los delitos violentos –asaltos a mano armada, lesiones y homicidios en ocasión de robo- son menores a los existentes a comienzos de la décadas actual, en particular, a los altos índices registrados en el año 2002 que fueron los más altos de la década anterior, y son semejantes a los registrados durante los últimos años de la década del 90. La victimización de este conjunto de delitos tiene ciertos rasgos singulares, más allá de ciertas consideraciones legas al respecto. Los principales estratos victimizados por delitos violentos han sido y son los sectores bajos y, en particular, los sectores altamente marginalizados y excluidos. Seguidamente, también lo son los sectores medios y, en menor medida, los medios-altos que habitan barrios o lugares pocos protegidos o lindantes con lugares de alto nivel de violencia. Ambos grupos de estratos tienen un nivel elevado de vulnerabilidad o desprotección frente a los delitos violentos. Y esa vulnerabilidad no solamente se debe a que esos estratos no tienen acceso a los bienes y mecanismos de auto-protección y auto-gestión de la seguridad de manera privada o a que su acceso al sistema público de seguridad –judicial y policial- es precario o inexistente sino, además, porque no son recipiendarios de las principales intervenciones preventivas o de patrullaje llevados a cabo por la policía, ya que éstas se concentran en los lugares y barrios habitados o utilizados comercialmente por los estratos sociales medios-altos y altos, que son los que tiene mayor capacidad de articulación de protestas o demandas política, mediáticamente relevantes.
En este contexto habría que manejar algunas tendencias acerca de si hay o no, mas delitos que afectan a los sectores medios-altos y altos o si simplemente están recibiendo un trato mediático sustancialmente diferente. Lo que sí existe es un incremento en la participación violenta en la concreción de delitos y ahí lo que funciona como variable explicativa es la desigualdad social pero de ello los fárandulos nunca dicen nada y si todos coincidimos en que debe haber umbrales mejores de seguridad pública, no todos estamos de acuerdo respecto de qué nombramos cuando hablamos de seguridad pública y, menos aún, en qué tipo de seguridad estamos pensando cuando la invocamos. Veamos solo un ejemplo, el más trillado pero también el más riesgoso por la malignidad que su blasfemia implica. Cuando se habla de más seguridad, se suele invocar la idea de que se trata de poner en la calle a la mayor cantidad posibles de efectivos policiales, el caso Pomar muestra qué tanto pueden brindar 5000 policías buscando un auto rojo por las rutas argentinas, eso si, con unos pastizales altísimos. Si por más seguridad se entiende más policías –de esta policía- en la calle, yo no comparto semejante reduccionismo.

Un verdadero consenso
En este sentido el documento presentado el 29 de diciembre de 2009 en el Congreso de la Nación, titulado Diez Puntos de Acuerdo por la Seguridad Democrática, constituye el primer y más ambicioso consenso político por articular una base democrática para tener como punto de partida a fin de encarar la cuestión de la seguridad pública desde una mirada integral, pluralista y democrática, que se haya encarado nunca. Los puntos salientes acordados allí son, sintéticamente, los siguientes:
 El Estado frente al problema del delito En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
 El engaño de la mano dura. Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática. La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura. Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
 Responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
 Una concepción integral de la seguridad. Las políticas de seguridad deben ser horizontales y articuladas con otras políticas públicas y complementar las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad. El diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
 Gestión democrática de las instituciones de seguridad Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad. La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas asociadas a la institución policial y a sectores de la dirigencia política. Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
 Gestión policial no violenta en el ámbito público. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiaria y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
 El papel de la Justicia. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho. Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

El desafío
Lo que queda por efectivizarse es lo mas complejo de articular, es corroborar si la dirigencia política –oficialismo y oposiciones-, el campo académico y el campo popular pueden organizarse y desarrollar una acción colectiva que desemboque en una práctica política que le devuelva a la ciudadanía la confianza en la política, entendida como practica revolucionaria con capacidad para modificar la realidad, una que puede agobiar -mucho-, y otra que sea más vivible, armoniosa, producto inmediato de una sensata Política Pública. O si como ha sucedido hasta ahora, esa articulación es tan inviable como dañina para la sociedad argentina. El documento mencionado, sus propuestas, la heterogeneidad de sus adherentes, son hermoso augurio de tiempos por venir y la revolución, un sueño permanente.



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